Con su nueva Ley de Movilidad, Morelos logró avances notables en participación social, sistemas de información y capacidad de las personas conductoras con la nueva ley. Durante el 3er Foro Nacional de la Bici, se anunció que este avance representa un avance de 1.75 a 7.0 puntos según la Evaluación de Leyes de Movilidad realizada por Céntrico.

Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y reconoció la validez constitucional de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, como un mecanismo de protección para las víctimas de siniestros viales, así como la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

En México, los siniestros viales representan una de las principales causas de muerte, con un saldo de más de 15,900 fallecimientos tan solo en 2022. En 2019, murieron en siniestros viales 783 niñas y niños menores de 14 años; es decir, un promedio de dos menores cada 24 horas. Aproximadamente el 16% de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) analizados en 2019 no presentaban ninguna certificación, y en el 84% restante no existía forma de comprobar que la certificación declarada fuera auténtica.

La Ciudad de México (CDMX) fue una de las primeras entidades del país en aprobar una Ley de Movilidad (2014), que sustituyó a las leyes anteriores de tránsito, transporte y vialidad con un enfoque progresista y de derechos humanos. Esta Ley representó, en su momento, un avance importante al establecer principios como la jerarquía de la movilidad, el derecho a moverse y el reconocimiento de las personas peatonas y ciclistas como sujetos de derechos. Sin embargo, hoy ese marco jurídico ha quedado rezagado y desconectado a la política de poner a las personas en el centro de la política de movilidad y seguridad vial, sin incorporar las transformaciones constitucionales, legales y sociales que el país ha experimentado en la última década.

Reducir la mortalidad de los usuarios de motocicletas requiere un enfoque integral: la promoción del transporte público y políticas integrales de movilidad, la creación de una norma técnica de seguridad vehicular para motocicletas, la actualización de la NOM 206 relativa a cascos, así como la implementación de operativos de seguridad vial con enfoque en estas personas usuarias y el seguro obligatorio.

En el marco de la 8va Semana global para la Seguridad Vial de Naciones Unidas las 117 organizaciones integrantes de la Coalición Movilidad Segura de México sostuvimos este 15 y 16 de mayo de 2025, en Ciudad de México nuestro primer Encuentro
o Nacional, con la presencia de personas delegadas de 28 entidades de la República Mexicana y más de 100 activistas y especialistas en movilidad segura. Durante este Encuentro analizamos el estado que guarda la movilidad y la seguridad vial a tres años de la entrada de vigor de la Ley General de movilidad y seguridad vial (LGMSV) y 5 años de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” cuyos acuerdos y resultados damos a conocer a la opinión pública a través del siguiente posicionamiento.

Organizaciones y ciudadanos entregaron formalmente un amicus curiae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para para defender artículos clave de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla, aprobada en noviembre pasado, que han sido impugnados mediante una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP). Las organizaciones y personas firmantes argumentan que la derogación de estos artículos significaría un retroceso en la protección de la vida y seguridad en las vías.

Las 116 organizaciones integrantes de la Coalición Movilidad Segura, que impulsamos el reconocimiento del derecho a la movilidad en la Constitución, así como la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, manifestamos nuestro enérgico rechazo a la implementación de la emisión de licencias de conducir permanentes y la ausencia de aplicación de exámenes como requisito para su emisión. Este tipo de medidas contradicen directamente el marco legal nacional, los compromisos internacionales y los principios fundamentales de la seguridad vial, manteniendo en riesgo la vida e integridad de todas las personas usuarias de la

En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición Movilidad Segura y las
legisladoras Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado, Nancy de la Sierra, Alma Delia Navarrete
celebraron el avance legislativo para incluir la movilidad en condiciones de seguridad vial como uno
de los derechos reconocidos por la Ley General de Derechos de niños, niñas y adolescentes (LGNNA)

Como inaceptable e inadmisible, califican organizaciones de víctimas y promotoras de la seguridad vial, la acción de inconstitucionalidad que la Comisión de Derechos Humanos delEstado de Puebla ha promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra 6 artículos de la recientemente aprobada Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, que fue admitida con el expediente 1/2024.

Organizaciones integrantes de la Coalición Movilidad Segura celebraron esta mañana el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) en México, en el marco de la Séptima semana global de acción por la seguridad vial, con una manta llamando a “Repensar la movilidad” y el mensaje “Queremos paz vial” en el monumento a la Independencia en la Ciudad de México.

Con datos sistematizados a partir de notas periodísticas y redes sociales, así como con la colaboración de personas voluntarias de Codeando México, la organización Céntrico presentó el más reciente informe de “Ni una muerte vial”, que identifica las calles y carreteras en donde más personas han perdido la vida en siniestros de tránsito. Este informe representa un esfuerzo colaborativo desde la sociedad civil para aportar información para la toma de decisiones urgentes para salvaguardar la integridad física, la salud y la vida de todas las personas en nuestro país.